En el otoño de 2006 se ha cumplido el undécimo aniversario de los Acuerdos de Paz de Dayton, que pusieron fin a la guerra de Bosnia-Herzegovina (ByH). La Constitución de ByH (Anexo IV de los Acuerdos) fue acordada como solución a un sangriento conflicto pero no como marco legal perdurable para el funcionamiento del Estado. Las competencias atribuidas al Estado en los Acuerdos de Paz tienen un carácter menor respecto a las asignadas a las Entidades, configurando un Estado central anémico. El debate actual de la reforma constitucional gravita sobre la cuestión de la transferencia de poder de las Entidades al Estado central y el fortalecimiento de sus instituciones. Entre las cuestiones en discusión, destaca la propuesta de otorgar al Estado toda la autoridad necesaria para cumplir con las condiciones necesarias en el camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Un elemento clave del dispositivo creado por los Acuerdos de Paz (Anexo 10) fue la figura del Alto Representante internacional. Es difícil valorar el papel desempeñado por el Alto Representante en la evolución institucional de ByH. Sus decisiones rompen el bloqueo institucional que con carácter habitual crea la discusión entre los tres grupos constituyentes; pero igualmente, la intervención del Alto Representante crea entre los grupos constituyentes una cultura de tutela, garantizándoles que la decisión podrá ser tomada aún en el supuesto de que no alcancen el acuerdo. La figura del Alto Representante no debiera reproducirse de forma mimética para otras experiencias de reconstrucción institucional cuando puede existir la alternativa de la plena participación y responsabilidad de los representantes institucionales locales en su propio gobierno. La fórmula, de existir, debe incluir los recursos necesarios para garantizar que su vigencia no traspase la situación de urgencia que la provocó. Este es el tenor en que se ha pronunciado el Consejo de Europa al analizar, a través de la Comisión de Venecia, la figura del Alto Representante. El debate sobre la reforma constitucional ha emergido como el aspecto político prioritario para el futuro de Bosnia y representa el gran desafío del nuevo Parlamento, constituido tras las elecciones de octubre de 2006. El punto de partida no puede ser otro que el pleno compromiso de la comunidad internacional de que el proceso debe ser conducido por los propios bosnios, y debe basarse en el consenso de los pueblos constituyentes.