Entre el 10 de junio de 1991 y el 10 de marzo de 1992 tuvo lugar en España la segunda operación excepcional de Regularización de la población extranjera que se hallaba insuficientemente documentada, a la que comúnmente se alude con el termino de «ilegal». La primera Regularización, llevada a cabo entre el 23 de julio de 1985 y el 31 de marzo de 1986, previa a la puesta en marcha de la Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, no consiguió legalizar la situación más que de una pequeña parte de la población estimada como indocumentada, resultando en definitiva poco eficaz. El nuevo proceso, encuadrado en la denominada «política activa de inmigración», puesta en marcha por el gobierno a partir del mismo año de 1991, se consideraba un primer paso fundamental para conseguir la promoción e integración del colectivo inmigrante. Con él se trataba de completar la operación de regularización de 1985, además de legalizar la situación de los trabajadores irregulares llegados con posterioridad al país.