El extremismo nacionalista en el País Vasco, cuya principal manifestación es el terrorismo de ETA, ha sido objeto de un amplio abanico de políticas públicas, tanto ordinarias como constitucionales. Junto a distintas formas y grados de represión, éstas comprenden una reestructuración substancial del Estado y una amplia reasignación de los recursos públicos, derivados de una aproximación receptiva (responsive) a la resolución de conflictos. Mediante un diseño multivariante, este estudio evalúa los resultados de las principales políticas receptivas implementadas. En particular, el análisis demuestra que el establecimiento de instituciones de autogobierno vascas ha mitigado de modo notable el extremismo político, tanto en lo que se refiere a las actitudes de la población como al terrorismo.