Durante los últimos veinte años, el espacio portuario ha sufrido una verdadera transición. Poco a poco, el modelo de gestión conocido como «Landlord port» se impone como modelo dominante de gestión portuaria en el mundo. En varios países, el Estado concede los terminales a operadores privados y transforma el estatuto de las Autoridades Portuarias. Estas siguen siendo los pilotos de la estrategia de desarrollo portuario, pero pierden toda prerrogativa en materia de explotación. Este retroceso del Estado coloca el espacio portuario en una situación paradójica, entre misión de interés general y defensa de intereses privados. ¿Todavía podemos considerar el puerto como un bien común? Dos visiones de esta comunidad pueden ser enunciadas: una visión económica, una visión cívica.