El presente artículo tiene por objetivo analisar la legitimidad de la intervención penal en los actuales flujos migratórios. La premisa principal considera que la utilización del derecho penal como instrumento de gestión para controlar flujos migratório ratifica el discurso del miedo hacia la inmingración y fomenta la criminalidad organizada que se ha estructurado frente a las políticas tolerancia cero contra la inmigración, especialmente, la trata de personas y el contrabando de migrantes. En este sentido, el analisis y la delimitación del bien jurídico “ política migratória” sugiere una reflexión a la luz de las bases principiológicas del Derecho Penal y despierta cuestiones que implican en una redefinición del derecho de punir en la sociedad del riesgo.