El presente artículo analizó la efectividad del Programa Papel Pasado del gobierno federal cuya finalidad es el apoyo a las regularizaciones fundiarias de interés social en áreas urbanas con vistas a garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada a las poblaciones de baja renta. Así, buscó en la análisis del ordenamiento jurídico internacional y interno, demostrar el fundamento de validez para el reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada como un derecho humano y fundamental social que demanda del Estado el deber de lo garantizar. Se utilizó del método de investigación teórico-dogmática, exploratorio y explicativo, adoptándose una investigación jurídica y social de naturaleza aplicada, cualitativa y cuantitativa, de análisis, documental y bibliográfica. Se constató que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano, teniendo su concepto, significado y abrangencia mejor detallados en los comentarios y observaciones generales realizados por los comités de los pactos. Además, en el plan nacional el derecho a la vivienda está garantizado, expresamente, en el caput del artículo 6º de la CRFB. Se verificó que a pesar de la Ley 11.977/09 listar otros legitimados a promover la regularización fundiaria de interés social, es el Municipio que detiene los instrumentos necesarios para, efectivamente, providenciar las regularizaciones fundiarias, en cumplimento a la determinación constitucional previstas en los artículos 182 y 183. El problema de los municipios es el presupuesto insuficiente para tamaña responsabilidad, debiendo recibir apoyo técnico-financiero de los demás entes. Sin embargo, delante del análisis de la efectividad del programa Papel Pasado de apoyo a las regularizaciones fundiarias del Gobierno Federal, se constató que, hasta el momento, el programa es totalmente ineficaz para lo que se propone. Porque en la práctica, tras siete años de programa, poco fue concretamente realizado conforme constatación de los datos presentados.