Quiero invitarles a considerar la propuesta de que la rehabilitación[1] no es tan beneficiosa como nos han enseñado a creer que es -y que nunca lo ha sido. En segundo lugar, quiero invitarles a imaginar nuevas relaciones entre la justicia penal y la justicia social, a la luz de las afirmaciones engañosas del primer ministro Cameron y el ministro de justicia Grayling acerca de las posibilidades que tiene combinar el castigo con la rehabilitación. Ambos están equivocados por diversas razones, pero fundamentalmente erran al no considerar que los jóvenes, los discapacitados y los ancianos, la gente sin recursos económicos y aquellos que viven en la indigencia ya están siendo severamente castigados al pertenecer a comunidades desprovistas de acceso básico a la vivienda, empleo y bienestar fundamental. En tal situación, me parece obvio que todas las cuestiones relativas al delito y su castigo deberían estar vinculadas, y probablemente entendidas, en términos de justicia social y desigualdad. Es con este objetivo en mente que sostengo que, en lugar de castigar repetidamente a las clases desfavorecidas, para luego engañarnos a nosotros mismos creyendo que podemos combinar el castigo con la rehabilitación, deberíamos trabajar hacia la consecución de una justicia reparadora basada en un renovado principio de la igualdad ante la ley.