Durante la primera década peronista los trabajadores interpelaron la casi omnipresente autoridad de la patronal en las fábricas e impulsaron una transferencia de poder que cuestionó la facultad de los industriales sobre decisiones hasta ese momento consideradas como excluyentes: la administración y organización de la fuerza laboral y el control de los procesos productivos. En el caso de los ingenios azucareros tucumanos, las huelgas declaradas para exigir el despido de ciertos referentes de la jerarquía fabril y la institucionalización del escalafón se convirtieron en dos aspectos clave de esta redistribución del poder. Estas instancias vinculadas con la contratación, la promoción y el despido del personal interpelaron a los empresarios, quienes intentaron resistir el avance de los trabajadores, pero también confrontaron al gobierno peronista con el límite de loaceptable, impulsándolo a controlar la magnitud del poder obrero.