El trabajo plantea los problemas derivados de una tenaz resistencia emprendida por el Cabildo de Salta entre 1724 y 1734, para impedir que el Juez Don Domingo de Irazusta y Orozco tomase las residencias del gobernador Urízar y de sus sucesores y de todos los funcionarios que acompañaron esas gestiones. El conflicto se ventila en la Audiencia de Charcas, en Lima y en el Consejo de Indias. El Cabildo acusa al juez de haber provocado facciones en la ciudad, de ser enemigo capital de la mayoría de sus miembros y aducen que no pueden pagar las multas que les impone el Juez a causa de los ingentes gastos que deben afrontar por la guerra contra las tribus del Chaco. La trama del conflicto revela los enconos existentes entre los grupos que dominan el Cabildo de Salta, y sobre todo el rechazo a acatar la nueva política borbónica, que intentaba ejercer un control más estrecho sobre la vida institucional de sus colonias. Los cabildos reflejan los intereses locales y la fuerte competencia establecida con el poder metropolitano.