A pesar de las diversas vicisitudes que debieron afrontar los gobiernos colombianos de principios del siglo XX, estos intentaron generar un proceso de modernización que abarcara tanto a la ciudad como al mundo rural. Dicha iniciativa pasaba necesariamente por darle continuidad al proceso de formación de ciudadanía, iniciado en el siglo XIX. Para ello, ensayaron una serie de acciones y de programas educativos dirigidos a la población rural y con los cuales se pretendía fomentar nuevas prácticas agrícolas, generar nuevos hábitos sociales y una cultura ciudadana que permitiera salir del ostracismo en el cual se encontraba gran parte de la población colombiana. Pero este tipo de acciones debió enfrentarse con la debilidad del Estado para llevar a cabo las políticas de modernización educativa, así como con el peso de la tradición, aún presente en el imaginario de la sociedad campesina, y con la fuerte oposición y el rechazo de los grandes propietarios, políticos locales y de la Iglesia, que veían en esas propuestas un desafío que ponía en peligro el control y el poder que ellos ejercían sobre la población rural.